El esquema de importación de combustibles de 2013 detonó el huachicol fiscal
Expertos señalan que las reformas energéticas de 2013 facilitaron la evasión fiscal mediante la importación ilegal de combustibles disfrazados de aditivos.
La apertura del sector energético establecida en 2013 permitió una flexibilización en los permisos de importación que, según reportes de autoridades federales, fue aprovechada por redes delictivas para consolidar lo que hoy se conoce como huachicol fiscal. Durante la emergencia sanitaria por covid-19, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó irregularidades masivas en las aduanas, donde combustible comercializado como diésel o gasolina ingresaba al país bajo la descripción de aditivos químicos para eludir el pago de impuestos correspondientes.
Este modelo de evasión, que ha impactado significativamente la recaudación nacional, consiste en la alteración de pedimentos aduanales para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Al declarar productos diferentes a los hidrocarburos, los operadores logísticos lograban introducir grandes volúmenes de combustible al mercado interno sin cubrir las cuotas fiscales vigentes. La facilidad con la que se otorgaron permisos durante la década pasada es señalada como el principal factor que permitió el crecimiento de esta estructura de contrabando.
La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han mantenido investigaciones sobre la cadena de distribución de estos productos. Los operativos realizados en diversas terminales de almacenamiento y puntos de distribución han dejado al descubierto que el combustible ilegal se mezcla con producto nacional legalmente adquirido en estaciones de servicio, lo que dificulta la trazabilidad y la detección inmediata por parte de los consumidores finales.
Desde la administración federal se ha planteado la necesidad de fortalecer el control aduanero y la vigilancia en las fronteras para frenar la entrada de estos cargamentos irregulares. Las autoridades han propuesto implementar sistemas de trazabilidad más rigurosos y una mayor coordinación entre el SAT y la Secretaría de Energía para auditar de manera permanente a los permisionarios. El objetivo es revertir la pérdida de ingresos fiscales que ha dejado este esquema de simulación durante los últimos años.
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