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México

Escuelas particulares enfrentarán nuevas comisiones bancarias por pagos con tarjeta en octubre

A partir de octubre de 2026, instituciones educativas privadas con alta facturación deberán absorber nuevos costos operativos por transacciones electrónicas.

Redacción Lente
Foto: eleconomista.com.mx

A partir del próximo mes de octubre de 2026, las instituciones educativas particulares en México que registren una facturación anual superior a los 3.5 millones de pesos deberán asumir nuevas comisiones bancarias al recibir pagos mediante tarjetas de crédito y débito. Esta medida responde a las actualizaciones en las políticas de procesamiento de pagos electrónicos para el sector servicios, buscando estandarizar los costos operativos en las transacciones digitales dentro del territorio nacional.

La disposición afectará principalmente a colegios de nivel básico, medio superior y superior que superen el umbral de ingresos establecido por las entidades financieras. El ajuste tiene como objetivo principal cubrir los gastos de infraestructura tecnológica y seguridad cibernética requeridos para procesar los volúmenes de pago que estas instituciones manejan mensualmente, evitando que el costo sea trasladado directamente a la comisión que pagan los usuarios finales.

Representantes del sector educativo han señalado que esta normativa impactará los presupuestos administrativos de los planteles, obligando a las direcciones financieras a revisar sus convenios actuales con las instituciones bancarias. Aunque algunas escuelas han expresado preocupación por el aumento en sus gastos operativos, la medida se alinea con las regulaciones vigentes en materia de servicios financieros que buscan mayor transparencia en el manejo de transacciones digitales.

Por su parte, los usuarios de servicios educativos han manifestado la importancia de que estos cambios no se vean reflejados en un incremento en las colegiaturas o cuotas escolares. La Secretaría de Educación Pública y las autoridades financieras continúan monitoreando el impacto de estas disposiciones para asegurar que el derecho a la educación privada se mantenga dentro de un marco de costos operativos razonables y competitivos para las familias mexicanas.

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