Fiscalía de Puebla confirma procesos vigentes contra Marilyn Cote

La Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer una actualización sobre el caso de Marilyn Cote, quien enfrenta diversas denuncias por ejercer actividades de psiquiatría sin contar con las acreditaciones profesionales requeridas. Según la autoridad ministerial, hasta el corte de este sábado, únicamente seis de las personas afectadas han decidido otorgar el perdón legal, lo cual ha permitido la extinción de la acción penal en esos expedientes específicos.

No obstante, la institución detalló que el proceso judicial continúa para otros cinco denunciantes, quienes mantienen sus querellas activas ante las autoridades correspondientes. Estos ciudadanos han ratificado sus denuncias originales, argumentando daños derivados de diagnósticos y tratamientos suministrados por la imputada, quien operaba en consultorios privados de la capital poblana sin cumplir con los requisitos académicos y de salud exigidos en la legislación mexicana.

El caso de Cote tomó relevancia pública tras una serie de investigaciones sobre irregularidades en la práctica médica privada en el estado. Desde la Fiscalía se ha enfatizado que las investigaciones siguen su curso técnico y legal, respetando el debido proceso tanto para los denunciantes como para la señalada, bajo la supervisión del Poder Judicial local.

La Secretaría de Salud de Puebla, en coordinación con las autoridades estatales, ha reforzado las medidas de vigilancia sobre establecimientos que ofrecen servicios médicos especializados para prevenir casos similares. El objetivo de las autoridades es garantizar que todos los consultorios cumplan con los avisos de funcionamiento y las cédulas profesionales vigentes, asegurando así el bienestar de los pacientes en la entidad.

Por el momento, la Fiscalía no ha emitido nuevas órdenes de aprehensión, centrando sus esfuerzos en la integración de las carpetas de investigación restantes. Se espera que en las próximas semanas se realicen las diligencias pertinentes ante los tribunales para definir la situación jurídica de la implicada en los expedientes que aún no han alcanzado acuerdos reparatorios.