Veinte congresos estatales avalan reforma sobre nacionalidad única para cargos públicos
La reforma constitucional que exige nacionalidad mexicana única para aspirar a la Presidencia y gubernaturas recibió el respaldo de 20 legislaturas locales.
Un total de 20 congresos estatales han formalizado su voto a favor de la reforma constitucional que establece como requisito indispensable contar con la nacionalidad mexicana única para ocupar la Presidencia de la República y las gubernaturas en los estados. Este avance legislativo ocurre tras la aprobación de la minuta en el Congreso de la Unión, cumpliendo así con el procedimiento necesario para modificar la Carta Magna del país.
El proceso de ratificación por parte de las entidades federativas es un paso obligatorio para la entrada en vigor de los cambios constitucionales en México. Al alcanzar el umbral necesario de legislaturas locales que respaldan la propuesta, el proyecto avanza hacia su promulgación oficial por parte del Ejecutivo Federal y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma busca restringir el acceso a los cargos públicos de mayor jerarquía exclusivamente a ciudadanos que posean la nacionalidad mexicana por nacimiento y que no cuenten con ninguna otra nacionalidad extranjera al momento de registrar sus candidaturas. Los promotores de la iniciativa han señalado que este cambio tiene como propósito fortalecer la soberanía nacional y asegurar que los titulares de los poderes ejecutivos mantengan una lealtad exclusiva hacia el Estado mexicano.
De acuerdo con el marco legal vigente, una vez que se certifique el cómputo de las aprobaciones estatales, el Congreso de la Unión procederá a realizar la declaratoria de constitucionalidad. Este procedimiento marcará el cierre del proceso legislativo, estableciendo los nuevos lineamientos que regirán los procesos electorales para el ciclo de 2028 y los años subsecuentes.
Las autoridades electorales del INE deberán ajustar sus reglamentos internos de cara a los próximos comicios para garantizar que los aspirantes cumplan estrictamente con este requisito de elegibilidad. La medida ha generado diversas opiniones entre los grupos parlamentarios sobre los alcances y criterios de aplicación que deberán seguirse para verificar la situación legal de los futuros candidatos a puestos de elección popular.
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